El desmembramiento del Estado de bienestar que está sufriendo España se ha acrecentado considerablemente en los últimos tiempos, cebándose de forma incisiva con los que menos tienen: parados, ancianos y discapacitados. La última muestra de ello ha sido el conocido como ‘tarifazo’ médico que la Comunidad de Madrid impondrá a partir de 2013, a imitación de la pionera Cataluña. Con una salvedad, si en el caso de los pacientes catalanes el el euro que deben pagar por receta tiene un tope máximo de 36€ (2012) en el caso de la capital éste éste será de 72€ anuales.
Con esta medida el nuevo presidente madrileño, Ignacio González, no hace sino consolidar una tendencia que inauguró su predecesora, la también popular Esperanza Aguirre. Por todos es conocidos la creación de hospitales públicos de gestión privada que la presidenta se afanó en abrir – sobre todo en el sur de Madrid – en sus últimos años de su mandato, con la excusa de ahorrar dinero a las arcas públicas. Y digo excusa no por casualidad. La experiencia de los dos últimos años ha demostrado que estos centros salen más caros que los administrados por la Seguridad Social, llegando a duplicar de media el coste por cama en comparación con el resto de centros sanitarios.
A esto hay que añadirle el incremento del precio de los medicamentos en función del nivel de renta, alcanzando en algunos casos el 50% e incluyendo, por primera vez en la historia de nuestra democracia, a los pensionistas. Sin olvidarnos, por supuesto, de la exclusión de la
vacuna del neumococo, la gratuidad del cambio de sexo o los tratamientos de fertilidad; entre otros, como las prótesis, el uso de ambulancia, la casi eliminación de la ley de dependencia o el hecho de que los extranjeros deban pagar la atención médica. La lista de aquéllo considerado como necesario para la salud es cada vez más escuálida, según las instituciones, famélica en algunos casos y en función de la comunidad.
Pero regresando a González y a su administración de la capital, el eurotarifazo no ha sido la única novedad presentada por los presupuestos autonómicos de 2013 en materia de sanidad, partida que se verá reducida en un 7%. El 10% de los centros de salud de la comunidad (los ambulatorios) pasarán a ser de gestión privada, se privatizará la atención sanitaria en seis de los siete hospitales semiprivados (remplazando a los médicos del cuerpo de funcionarios por otros privados), sin quedar claro cómo recolocará a los profesionales desplazados, y se adjudicarán a subcontratas privadas todos los servicios hospitalarios, mermando con ello la calidad de los mismos.
Cierres de hospitales (disfrazados de ‘recolocación’ en algunos casos como el de El Princesa), privatizaciones, aumento de impuestos… En total el Gobierno de la Comunidad espera ahorrarse 1.424 millones de euros el próximo año, manteniendo la postura oficial de siempre: que no hay dinero, que hay que recortar de todos lados, que se pretende evitar que los ciudadanos dejen de acumular millones de medicamentos en sus botiquines caseros… Etc.
Es cierto que estamos en crisis y también que la Seguridad Social tiene un gran agujero al que de alguna forma hay que hacerle frente. Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, no creo que la solución pase por recortar sin control Sanidad y Educación. Quitar fondos y acabar con equipos e investigaciones que llevan años – incluso décadas – desarrollándose no es la forma de salir de las dificultades económicas. En todo caso, invertir en ello es la única vía para hacerle frente y aumentar nuestra competitividad.
Me parece triste y me genera una horrible impotencia que un grupo de personas, designados POR los ciudadanos y en representación DE ellos estén acabando en poco tiempo con algo que tanto esfuerzo nos ha costado construir. ¿Cómo es posible que, no hace mucho, el sistema sanitario español fuera mirado por envidia por el resto de los países de nuestro entorno y modelo de imitación en algunos casos? ¿Tanto hemos cambiado?
Pero las preguntas no se quedan ahí. Si es cuestión de dinero, ¿por qué no aumentan los impuestos a las rentas más poderosas? ¿Cómo se entiende que el Senado se gaste medio millón de euros en renovar su página web? ¿O cómo se explica que la Iglesia católica siga exenta de tasas impositivas? En este último punto muchos me dirán que ésta está sustituyendo al Estado en la atención social y es cierto, pero también lo es que hay muchos otros organismos no gubernamentales que hacen lo propio y pagan como cualquier otra entidad jurídica, aunque eso es otro debate.
Las privatizaciones de la Comunidad de Madrid abren un negocio valorado en 400 millones de euros del que cabe preguntarse qué amigo o familiar de qué político se aprovechará. Comprobamos, una vez más, una idea señalada tiempo atrás: cómo las pérdidas se socializan, mientras los beneficios se privatizan. Y, al igual que tantas otras veces, sólo los más hábiles – y mejor ‘enchufados’- sacarán partido de ello.
Había una vez un país llamado España donde todos sus ciudadanos eran atendidos por los médicos, sin importar su poder adquisitivo o el tamaño de su billetera. Un lugar que tenía sanidad pública y que poco a poco está desapareciendo para entrar en los libros de Historia.
Saludos desde este lado del cristal.
Otro cristal 